Nueva etapa en la instrucción de los ERE falsos. La juez Mercedes Alaya dedicó la semana pasada y este lunes a seguir la pista del dinero. Directivos de aseguradoras, testaferros y sindicalistas, así como sus parejas, rindieron cuentas judiciales a la magistrada, sin olvidar a las tres guindas mediáticas: Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo; Juan Lanzas, el conseguidor, y Juan Francisco Trujillo, el chófer de la cocaína. ¿Será ahora el turno de los políticos?
La magistrada maneja una serie de candidatos para engordar su lista de imputados en el proceso. Quien cuenta con más posibilidades es José Antonio Viera, exconsejero de Empleo de la Junta y jefe de Guerrero durante cuatro años (2000-2004), los años claves de irregularidades en el procedimiento de las ayudas sociolaborales en la Junta de Andalucía, que investiga Alaya. Antonio Fernández, el sucesor de Viera en la Consejería, no sólo fue imputado, sino que ingresó en la cárcel en abril de 2012 para ser puesto en libertad cuatro meses después.
La falta de imputación de Viera en el proceso sólo se explica por la posiblidad de perder el caso en beneficio del Tribunal Supremo, ya que el exsecretario general del PSOE de Sevilla está aforado al contar con su acta de diputado en el Congreso por esta provincia. Fuentes judiciales expresan a El Confidencial que no estaría nada claro que Alaya perdiera definitivamente el control de la instrucción al poder elaborar una pieza separada con Viera y quedarse con el resto del caso.
