Vuelta de tortilla. La Faja Pirítica de Huelva, una de las principales subtramas del caso de los ERE falsos, que se saldó con el despido de 200 mineros, salpica de lleno a la UGT andaluza. En la segunda fase de la Operación Heracles, que capitanea la juez Mercedes Alaya, se ha demostrado cómo se enriquecieron dirigentes de los dos principales sindicatos. La Faja Pirítica no estuvo siempre en la sombra de la sospecha sindical. El PSOE forzó la declaración de Javier Arenas, Juan Ignacio Zoido y Eduardo Zaplana en la comisión parlamentaria de 2012 por su supuesta implicación en las ayudas extraordinarias concedidas a esta zona minera onubense.
El secretario general de UGT en Cádiz, Rafael Mera, detenido el pasado martes en esta fase judicial instruida por Alaya, supone todo un ataque al sindicato ugetista, ya tocado por las facturas falsas de comilonas y fiestas con cargo a subvenciones de la Junta. Mera, en calidad de secretario general de la FIA (Federación de Industrias y Afines de Andalucía), fue uno de los seis participantes del acta fundacional de la Asociación Faja Pirítica de Huelva, constituida el 30 de junio de 2003.
Mera no estaba solo. Lo acompañaban el actual secretario general de Comisiones Obreras en Andalucía, Francisco Carbonero, cuando era secretario de Organización y Finanzas de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras en la comunidad andaluza (COAN); Manuel Pastrana,secretario general de UGT Andalucía hasta el pasado mes de mayo, tras 15 años en el cargo, y Roberto Carmona, secretario general de la Federación Minerometalúrgica de Comisiones Obreras, también arrestado dentro de la Operación Heracles.
