El Tribunal Supremo ha dictado la primera sentencia contra el Banco Popular por la comercialización de bonos convertibles, en la que deja claro que los particulares o empresas que hayan comprado bonos convertibles en acciones tienen que ser “expertos” en el mercado de valores. Junto a la sanción impuesta al banco por la CNMV la semana pasada por falta muy grave al comercializar este producto, este fallo abre la vía a miles de reclamaciones judiciales por daños y perjuicios que pueden hacer un agujero de 700 millones a las cuentas de la entidad que preside Ángel Ron.